CIUDAD DE MÉXICO, 19 de enero, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Después de una prolongada presentación de posiciones en pro y en contra, el artículo 29 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía, ejercicio democrático y régimen de gobierno, titulado “De la ciudadanía”, no consiguió la mayoría calificada, por lo que se rechazó el voto de los jóvenes a los 16 años y de los presos no sentenciados, la posibilidad de que los extranjeros naturalizados puedan ejercer cargos públicos y de elección popular, y la ciudadanía universal.
Al ser rechazado en primera instancia, se presentaron en el Pleno los votos particulares de los diputados constituyentes Jaime Cárdenas y Mayela Delgadillo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y María de la Paz Quiñones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los dos primeros tampoco alcanzaron la mayoría calificada y el tercero fue retirado, por lo que el artículo 29 fue devuelto a la Comisión de Ciudadanía para una nueva dictaminación.
En la primera ronda de posicionamientos, la diputada Beatriz Pagés, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra del artículo 29, dijo que su grupo parlamentario está en favor del reconocimiento y ampliación de los derechos cívicos y políticos de los jóvenes. Sin embargo, dijo, la Asamblea Constituyente no cuenta con facultades constitucionales para otorgar el derecho a votar a las personas de 16 años, sino que corresponde al Congreso de la Unión pues se requiere una reforma de la Constitución federal. “Dejemos que sea el ámbito legislativo adecuado el que ensanche los derechos de la juventud”, señaló. También consideró que el derecho a votar de las personas en condición de reclusión es abrir la puerta a la inconstitucionalidad pues la Constitución federal señala que se suspenden los derechos de estas personas.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario Constitucionalista, se pronunció en favor del artículo 29. Aseguró que es falso que la Constitución de la Ciudad de México no puede incrementar derechos sin que se modifique antes la Constitución federal.
“Que no pueda una entidad de la República aumentar derechos y sólo pueda restringirlos es falso. El derecho a votar de la mujer fue concedido en Yucatán en 1923 por el gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Francisco I. Madero en 1911 estableció el sufragio universal cuando la mayoría de la población era analfabeta. Hoy tenemos una población de 16 años con un promedio de 85% de escolarización y con acceso a medios digitales de información. Hoy hay 10 veces más de alfabetas que cuando se dio el sufragio universal. Sería miope que por intereses de corto plazo se negara a la juventud su derecho a votar y participar en la vida pública del país”, señaló.
En contra del artículo 29, el diputado Enrique Burgos, del PRI, señaló que la Constitución federal define quienes son ciudadanos para toda la República, en lo federal y lo local. “Las personas de 16 años de edad están en pleno desarrollo físico y psicológico, y nos importa salvaguardar ese desarrollo. Por eso tienen un tratamiento diferenciado cuando hay conductas que entran en conflicto con lo penal. Su enjuiciamiento es especializado por ser menores de 18 años; además, en la legislación civil de la ciudad para el matrimonio se requiere tener 18 años, y también hay prohibiciones en el consumo de alcohol o tabaco; todo lo anterior en conjunto encierra un posicionamiento sobre el tratamiento de este grupo de la población”, señaló Burgos.
La diputada Patricia Ortiz Couturier, de Morena, en favor del artículo, señaló que los que se oponen a reconocer el derecho a votar a los 16 años se escudan en la incapacidad de los jóvenes de tomar decisiones. Añadió que hay ejemplos internacionales recientes que otorgaron ese derecho a los jóvenes, como en el referéndum para la salida de Escocia del Reino Unido, y los resultados fueron abrumadores, dijo. “Yo no soy vocera de una minoría, los jóvenes somos una mayoría y somos actores de la constitución. Pido que reconozcamos la capacidad de los jóvenes de decidir y de incidir en los asuntos públicos de la ciudad. Facilitemos los instrumentos para que los jóvenes reconozcan su papel en la construcción de una ciudad más incluyente y justa”, remató Ortiz Couturier.
El constituyente Gonzalo Altamirano Dimas, del PAN, argumentó en contra del artículo 29. “Respecto al voto de las personas recluidas, la Constitución federal establece que tienen suspendidos sus derechos políticos. Se habla que bajo el principio de presunción de inocencia pueden ejercer sus derechos, pero este principio no tiene que ver con la privación de derechos, la presunción tiene que ver con que la carga de la prueba de culpabilidad está a cargo del Estado y no del inculpado. No tiene que ver con los derechos políticos y sociales pues éstos quedan suspendidos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que las personas privadas de sus derechos políticos son aquellas personas recluidas y sujetas a procesos”.
La diputada Tobyanne Ledesma, del PRD, una de las diputadas más jóvenes de su bancada, indicó que es infundada la preocupación en el sentido de que los jóvenes son sujetos de clientelas políticas; aseguró que es un mito la indiferencia de los jóvenes en la vida política. “Reconocer el sufragio a los 16 años es una ampliación de un derecho político y de un derecho humano. Compañeros, no tengamos miedo a la ampliación de derechos los jóvenes, porque los jóvenes son de derecha, de izquierda, católicos, ateos, etcétera; aquí no estamos decidiendo por quién puedan votar, sino que puedan participar y puedan decidir. Hoy tenemos la oportunidad de ampliar los derechos de la ciudad”.
Agregó que no se está tratando de legislar algo que es inconstitucional. “Estamos fortaleciendo la ciudadanía desde una perspectiva integral”, señaló Ledesma.
SEGUNDA RONDA
Aunque se manifestó en contra del artículo, el diputado Jaime Cárdenas, de Morena apoyó todo lo que el articulado planteaba. Dijo estar en favor del voto a los 16 años, el voto para las personas privadas de su libertad que no han sido sentenciadas y el derecho a ser votados de los extranjeros naturalizados. “Aunque se diga que se reconoce la ciudadanía a los 18 años en lo federal, la Constitución de la ciudad prevalecería porque amplía los derechos de los jóvenes. Aquí lo que prevalece no es la jerarquía constitucional, sino la jerarquía de los derechos humanos y con esa norma tenemos que estar”, argumentó Cárdenas.
El constituyente por el PRD, Jesús Ortega, en pro del artículo, se manifestó por pugnar por la ciudadanía universal porque va en contra de la tendencia xenofóbica que vemos hoy en el mundo. Hay que luchar, dijo, por la universalización de los derechos, de las libertades como los que están establecidos en el artículo 29. Insistió en que no contradice a la Carta Magna, sino que amplía otros derechos, otras libertades a quienes habitan, viven, son vecinos y transitan por la ciudad.
La diputada del PRI, Cynthia López, dijo que se requiere una constitución bien hecha, que no acabe en la Corte (por inconstitucional), porque aprobar el derecho al sufragio a partir de los 16 años sería otorgarles el acceso a bares, al consumo de alcohol, de tabaco, “cuando en realidad los jóvenes piden oportunidades de trabajo, quieren prestaciones de ley, quieren que las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México sean de beneficio para ellos”.
Por su parte, el constituyente del PRD, Miguel Ángel Velázquez Muñoz, manifestó que al dar el derecho al voto a los jóvenes, de lo que se trata es dar viabilidad al futuro.
“¿De qué se trata? Se trata precisamente de vacunar los grandes problemas que hoy tiene la juventud, que hoy tienen los ciudadanos. Porque déjenme decirles algo: de nada valdría que se les diera a los jóvenes el voto hoy si no los vacunamos contra todos los errores que la política ha creado y ha sembrado durante mucho tiempo. Déjenme decirles que necesitamos que los jóvenes cuenten y a los jóvenes se les dé la responsabilidad del voto, pero que no se les permita como hoy, ser parte de una ciudadanía castrada que no interviene en el quehacer de gobierno”
A su vez, Roberto Gil Zuarth, diputado del PAN, comentó que es muy curiosa la defensa que se pretende hacer de los jóvenes, a los que sólo quieren utilizar como clientela electoral al proponer que sean titulares del derecho al voto pero sin la posibilidad de ser votados. Dijo, por otro lado, que la condición de ciudadanía es un sentido de pertenencia y no cualquier persona, por el hecho de pisar el territorio de la ciudad, puede participar en los asuntos públicos.
APROBADO, EN LO GENERAL, EL ARTÍCULO 30
Con 75 votos en pro, uno en contra y cero abstenciones, quedó aprobado en lo general el artículo 30 relativo a los mecanismos de democracia directa.
En la discusión en lo general se manifestaron en favor los constituyentes Manuel Oropeza (PRD), Consuelo Sánchez (Morena), Kenia López Rabadán (PAN), y Beatriz Pagés (PRI). En contra se pronunció el diputado Jaime Cárdenas (Morena).
“Mi posición es en contra del dictamen pues incrementa los requisitos para la vinculatoriedad de los mecanismos; son excesivos requisitos y las dificultades para plantear la democracia directa y considero que estas figuras se deben incorporar en la Ciudad de México, sobretodo el referéndum y la revocación del mandato”, dijo Cárdenas.
El diputado Manuel Oropeza se manifestó en pro del artículo y sostuvo que de aprobarse el dictamen hará vinculantes las consultas ciudadana para el cambio de uso de suelo y la realización de mega obras. “En la revocación del mandato sabemos que no hay acuerdo, pero varios estamos convencido que ésta es la principal propuesta que tienen el proyecto original en términos de consolidar la democracia directa de la ciudad”, señaló Oropeza.
Consuelo Sánchez, de Morena, señaló que la llamada democracia representativa mantiene separados a los representantes de los representados, y permite que sea una minoría la que gobierna sobre una inmensa mayoría. “La democracia representativa no funciona por sí misma, hay que crear nuevos mecanismos de participación para que la toma de decisiones esté sometida a la voluntad de todos los habitantes”, señaló.
La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que su bancada votaría en favor para empoderar a la ciudadanía con los instrumentos de participación. “Me parece un gran avance poder acudir a las urnas no solo para votar por un representante, sino para poder analizar los temas de trascendencia de la ciudad. Hoy este artículo establece un gran avance ciudadano”, dijo.
La diputada por el PRI, Beatriz Pagés, en favor del dictamen, señaló que no hay democracia sin ciudadanos. “Los constituyentes buscamos una ciudadanía activa, critica, demandante y vigilante de sus derechos para que sea centinela del poder. Las decisiones públicas necesitan legitimidad, estamos, por consecuencia, a favor de un artículo que amplía mecanismos de participación y control de poder, una cultura de participación social integral”, dijo.
Se dijo en favor de aprobar porcentajes (para llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana) que no abaraten y perviertan la democracia, porcentajes que permitan cualquier ciudadano presentar iniciativas, pero que este porcentaje no imponga la inestabilidad y el desgobierno pues también las utilizan los autoritarios y los oportunistas para legitimarse en el poder”, afirmó.
