CIUDAD DE MÉXICO, 19 de enero, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF), Raúl Flores, solicitó al Gobierno de la Ciudad a través de su Consejería Jurídica, y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ALDF, analizar en conjunto la posibilidad de interponer una controversia constitucional contra la pretensión del gobierno federal de otorgar permisos a inversionistas privados (en su mayoría extranjeros) para instalar nuevas gasolineras en la Ciudad de México, pues de llevarse a cabo invadirían las atribuciones de los poderes locales de la capital y las disposiciones en materia ambiental, protección civil y desarrollo urbano por ubicarse en zonas cercanas a escuelas, hospitales y lugares públicos, lo que pondría en riesgo la seguridad física de millones de personas.
Al subir a la tribuna de Donceles durante la sesión de hoy de la Comisión Permanente, el diputado exhortó a ambas instancia a que no otorguen ningún tipo de aval o permiso que implique la construcción de nuevas estaciones de servicio en ninguna demarcación territorial de la Ciudad de México en tanto no se revise de manera conjunta con el gobierno de la ciudad la normatividad en materia de medio ambiente, protección civil y desarrollo urbano vigente, para no vulnerar y poner en riesgo la seguridad de la población.
Dijo que a raíz de la aprobación de la Reforma Energética, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo Federal, y la aprobación de las leyes secundarias necesarias para hacerla operable, el 13 de diciembre del 2016 la Comisión Federal de Competencia Económica envío un documento a los Gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno, a las legislaturas de las diferentes Entidades Federativas (entre ellas la ALDF) y a los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, recomendaciones relativas a promover el establecimiento de nuevas gasolineras en todo el país.
“Lo grave de este documento es que entre las recomendaciones que emite está la de eliminar de la normatividad local cualquier restricción con respecto a las distancias mínimas con relación a las estaciones de servicio, quitar criterios de superficies mínimas y frentes principales que deben de tener los predios donde se quiera construir una estación; actualizar los ordenamientos que regulen aspectos relativos al establecimiento de estaciones de servicio conforme al nuevo marco normativo federal dejando a un lado criterios ambientales y de protección civil relacionados con la cercanía a centros educativos y hospitales, aspectos fundamentales que si contempla nuestra legislación local”.
Raúl Flores calificó como “sumamente grave” que desde el Gobierno Federal se promueva la apertura de nuevas gasolineras a diestra y siniestra en las Ciudad, a pesar de que con el número actual de estaciones de servicio –unas 11,500 en todo el país- se tiene garantizada la distribución y venta de los combustibles a la ciudadanía, por lo que dijo que “es condenable” que la Federación promueva que se facilite normativamente y administrativamente el establecimiento de más gasolineras con el argumento de “evitar daños al proceso de competencia y libre concurrencia”, cuando de avanzar dicho plan afectaría negativamente la seguridad ambiental, protección civil y desarrollo urbano de la Ciudad de México.
“En la actualidad hay alrededor de 11,500 gasolineras en el país y son suficientes para satisfacer la demanda, sin embargo, con la apertura se construirían el doble, lo cual implica 11 mil millones de dólares de inversión que pondrá el sector privado (de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Reguladora de Energía), pero que los consumidores acabarían pagando”
El perredista ubicó 14 leyes, reglamentos y disposiciones locales que contienen requisitos adicionales o inconsistencias en lo previsto la nueva normatividad federal, las cuales pueden generar restricciones para la construcción de nuevas estaciones. Puso como ejemplo el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal, que establece que la densidad no deberá exceder de una gasolinera por cada dos kilómetros y además señala que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad vigilar su cumplimiento, lo que se contrapone normativamente con la nueva disposición federal, que invade claramente atribuciones del ejecutivo local.
“Los que hemos tenido la responsabilidad de gobernar alguna delegación sabemos que la seguridad de los ciudadanos y de sus familias es lo principal que debemos preservar como gobierno. El nuevo esquema federal para el otorgamiento de permisos para nuevas gasolineras pone por delante los intereses de las grandes compañías extranjeras que vendrán con la reforma energética, por lo que debemos ser responsables como soberanía y actuar de manera inmediata, pues si no hacemos algo para que se respete la normatividad de la ciudad y no se vulnere las facultades de los poderes locales podríamos ser testigos de enfrentamientos sociales no deseados”.
