Ciudad de México, 29 de Agosto (CÍRCULO DIGITAL).-Las propuestas del Gobierno Federal sobre seguridad interior y mando policial, que el PRI pretende aprobar en el próximo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, lesionan las garantías individuales y los derechos humanos, además de que no representan una solución viable a la grave situación de violencia e inseguridad que padece México, por lo que el Grupo Parlamentario de Morena se opondrá a ellas.
Lo anterior quedó plasmado en la Agenda Legislativa que los 45 diputados federales de Morena acordaron durante su Reunión Plenaria –que se efectuó el 21 de agosto en Toluca, Estado de México–, documento en el que se precisa que las iniciativas del Presidente Enrique Peña Nieto tampoco constituyen una vía para restituir el tejido social en el país.
De acuerdo con el punto seis de dicha Agenda –integrada por diez ejes estratégicos–, esta bancada pugnará por erradicar la violencia como política de Estado, y contra el uso arbitrario y desmedido del poder público.
“Nos oponemos a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional –relativa a la suspensión o restricción de derechos fundamentales–, por las disposiciones que vulneran los derechos humanos, al pretender regular la intervención del poder público en asuntos relativos a las garantías individuales”.
Para el periodo de sesiones en el Recinto de San Lázaro que arranca el 1° de septiembre, Morena rechazará la iniciativa sobre Mando Único, pues ya quedó demostrado que esa estrategia ha fracasado en el combate al crimen organizado, a la vez que implica una violación a la autonomía municipal y representa una regresión autoritaria del Estado mexicano, impuesta desde el exterior.
Sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi tres años, los legisladores de Morena continuarán su exigencia de que el Ejecutivo Federal cumpla con el mecanismo especial sobre las medidas cautelares otorgadas, desde el 3 de octubre de 2014, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), contenidas en sus dos informes.
“Buscaremos que se dictamine favorablemente el proyecto de decreto que expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud”.
Asimismo, se impulsarán reformas al Artículo 102 Constitucional, con el fin de ampliar el ámbito de competencia de los organismos de protección de derechos humanos, en el marco del orden jurídico internacional adoptado por nuestra nación, para que conozcan quejas contra particulares que realicen actos equivalentes de autoridad.
