CIUDAD DE MÉXICO, 21 de enero, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— El Gobierno de la Ciudad de México firmó este viernes un convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Instituto de Reinserción Social capitalino, para combatir el analfabetismo y que las personas preliberadas puedan concluir la educación básica.
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, participó como testigo de honor de este convenio y aseguró que 11 mil personas preliberadas podrían ser beneficiadas, pues con el programa que ofrece el INEA tendrán la oportunidad de continuar sus estudios en sus propias comunidades.
Cuando las personas ingresan a un centro de reclusión, pierden su derecho a la libertad, pero comienza su derecho a la reinserción, enfatizó, y esa es la tarea central del Sistema Penitenciario.
“Cuando las personas en reclusión entran a un programa educativo, el porcentaje de reincidencia baja, sobre todo en la población más joven”, indicó.
Gracias a programas como éste, el nivel de reincidencia ha disminuido de un 40 a un 30 por ciento.
El director general del Instituto de Reinserción Social, Sergio Palacios Trejo, agradeció al INEA por el trabajo que realiza diariamente en los Centros de Readaptación Social y comentó que el objetivo es garantizar a las personas que son liberadas el derecho a tener una segunda oportunidad y ver que en los diferentes ámbitos se les garanticen sus derechos.
“La intención es educar para la libertad, para empoderar a las personas que estuvieron en conflicto con la ley y que se puedan reinsertar de mejor manera en la sociedad, garantizándoles un derecho al porvenir”, consideró el director general del INEA, Mauricio López Velázquez.
Este acuerdo busca dar continuidad a los servicios de educación básica para personas que se encuentran en libertad o prelibertad, mediante plazas comunitarias que serán instaladas por el INEA.
Con ello, la administración capitalina refrenda el compromiso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de impulsar mejores estrategias para el sistema penitenciario, basadas en tres ejes: menos cárcel, mejores condiciones y derecho al porvenir.
