CIUDAD DE MÉXICO, 25 de diciembre, (VIBRACIONES CAPITAL/CÍRCULO DIGITAL).— El año próximo operarán 502 comedores comunitarios con un presupuesto de 208.6 millones de pesos y ya con un nuevo marco legal que hace obligatorio para el gobierno capitalino otorgar ese servicio, principalmente a la población más vulnerable.
A esa cantidad se suman 53 comedores públicos con un presupuesto de 81.2 millones de pesos, con lo que la jefatura de gobierno capitalino mantendrá su propósito de extender la red de comedores comunitarios a todas las zonas de la capital del país.
Con ello se cumple con el ordenamiento legal de garantizar los recursos económicos para generar los mecanismos de apoyo alimentario para los habitantes de la Ciudad de México.
Luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) creara la Ley de Comedores Sociales para la Ciudad de México, en el dictamen se estableció la importancia de elevar a rango de Ley el Derecho Humano a la alimentación nutritiva y de calidad, así como a garantizar éste a todos los residentes de la ciudad.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF, Mariana Moguel Robles, destacó que con ese programa que ahora es ley, en la Ciudad de México se ha alcanzado una reducción de 13 a 11.7 por ciento en carencia alimentaria, lo que significa que 126 mil 14 habitantes ya no sufren de acceso a la alimentación.
“Con la ley se busca consolidar una política integral de desarrollo social para hacer efectivo el derecho de la alimentación a los habitantes de la Ciudad de México pero, sobre todo, busca ayudar al empoderamiento social y económico de quienes enfrentan una situación de pobreza extrema alimentaria”, insistió.
La diputada local priista aseguró que la ley obliga a los gobiernos de la ciudad y sus demarcaciones, los actuales y los que le sigan, sin importar el color político a que se continúe con ese derecho, sin condicionarlo en materia normativa, presupuestaria, operativa o por qué no decirlo también político electoral.
También permitirá consolidar una red institucional de seguridad alimentaria y nutricional con alcance en las colonias y pueblos de alta y muy alta marginalidad social.
Se contará, además, con un instrumento vinculante lo que significará otorgar a la ciudadanía el medio legal para hacer exigible el derecho a la alimentación bajo los criterios de rango de ley.
En el dictamen aprobado recientemente por unanimidad se expone que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables.
Ello, se abunda, con el propósito de permitir al beneficiarios gozar del más alto nivel de desarrollo humano y la protejan contra el hambre, la desnutrición y la malnutrición.
A su vez, señala que las autoridades fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; al tiempo que promoverán la seguridad y sostenibilidad alimentarias.
De igual forma, se garantizará el acceso al derecho a la alimentación, dando prioridad a las personas en pobreza, a los grupos de atención prioritaria y las demás que determine la ley.
Se establece que los sectores público, social y privado procurarán que los alimentos frescos o preparados que se distribuyan o vendan a través de establecimientos, instituciones o programas, sean saludables y nutritivos.
