CIUDAD DE MÉXICO, 08 de enero, (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).— Se confunden derechos fundamentales con “políticas subsidiarias”.
De manera encubierta un precepto constitucional se enfila a ser programa social más.
El Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Constituyente (GPPAN), se comprometió a buscar el diálogo y los acuerdos necesarios para elevar a rango constitucional el derecho a una vida digna de los habitantes de la Ciudad de México, tras pronunciarse en contra de que se implemente el concepto de “ingreso básico universal” sin que exista el debido soporte presupuestal para implementarlo.
El coordinador del GPPAN, Santiago Creel Miranda, advirtió que, “este debate no de punto final, es de punto y seguido, pues no hay nada que atente más contra el bien común, que es el valor fundamental que defiende el PAN, que la pobreza, la desigualdad y la marginación. De ahí surge toda la dimensión social de la política que plantea el PAN”, puntualizó.
Esto luego de un ríspido debate, tras el cual Creel Miranda propuso que se haga un análisis y una revisión integral de todos los programas de carácter social que contempla el proyecto de Constitución de la Ciudad de México para que, a partir de ahí, se pueda convenir un programa de protección social que pueda darle contenido al precepto de “ingreso básico universal” con el que el PAN no estuvo de acuerdo.
Durante el debate, Gonzalo Altamirano Dimas advirtió que el PAN está de acuerdo con programas sociales que protejan a los más vulnerables, pero se confunden derechos básicos con “política subsidiaria” en la que no existe claridad sobre el origen y la forma en que se fondearán esos ingresos.
Los principios del PAN son vigentes y están incólumes, advirtió, pero en este caso estamos rechazando algo que no es un principio en sí mismo, sino una propuesta que de manera encubierta se enfila a ser uno más de los programas sociales, “Acción Nacional es congruente con lo que hace y con lo que dice”, enfatizó.
De manera incorrecta, no bien estudiada, se pretende implementar esta medida con un alto costo para la Ciudad de México. Si fuera un programa concreto para los pobres, lo estaríamos discutiendo en contrapartida con la responsabilidad que tiene el Estado de hacer lo propio para satisfacer necesidades generales, advirtió Altamirano Dimas.
Desde la discusión en la Comisión de Carta de Derechos, el PAN pidió que el Jefe de Gobierno enviara el soporte presupuestal de todos estos derechos. Tal y como está redactado, el concepto está dirigido “a la universalidad”, no a los pobres en específico y por ende no existe capacidad real para darle cumplimiento.
Tan sólo, como ejemplo, basta decir que las deficiencias en los servicios de salud que presta el gobierno capitalino son evidentes, pese a que la mayor parte están a cargo del Gobierno Federal.
“Una vida digna implica propiciar todo lo indispensable para que una persona tenga acceso a la salud, a la educación. Por eso los pilares del PAN contemplan otro principio, el del bien común”.
Sin embargo, éste se refiere al conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, jurídicas para que cada persona pueda realizarse como tal.
